Libro blanco Empleo Público para personas con discapacidad

Capítulos del libro blanco

Nivel de formación de las personas con discapacidad en España como elemento de inclusión sociolaboral

En cuanto al nivel de formación, según la "Encuesta de Integración Social y Salud 2012" del INE, se observa en la población con discapacidad un mayor porcentaje de personas que cuentan solamente con estudios secundarios de primera etapa o inferiores (77,3%) que en la población sin discapacidad (49,1%). Los estudios superiores también tienen menos peso en las personas con discapacidad (10,5%) que en la población sin discapacidad (28,8%). La distribución de las mujeres y de los hombres con discapacidad según el nivel de formación no difiere significativamente y son muy similares al del conjunto de ambos sexos (gráfico 04).

GRÁFICO 4. Distribuición de las personas entre los 15 y más años de edad según el nivel de formación y presencia de discapacidad.

GRÁFICO 4. Distribuición de las personas entre los 15 y más años de edad según el nivel de formación y presencia de discapacidad.

FUENTE: INE. Encuesta de Integración Social y Salud 2012. Discapacidad

Retomando datos de la "Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008" del INE, en el gráfico 12 podemos comprobar cómo las personas con discapacidad han ido mejorando sus niveles formativos a lo largo del tiempo, de tal modo que los más jóvenes cuentan con una mayor formación (gráfico 03. Anexo).

Respecto a la educación secundaria de primera etapa, los estudios de bachillerato, las enseñanzas profesionales y los estudios universitarios, se observa que el porcentaje de personas con discapacidad con dichos niveles educativos va aumentando conforme disminuye la franja de edad en la que se encuentra. Por lo que se puede deducir que a lo largo de las últimas generaciones el nivel formativo ha ido aumentando. Pero no debemos obviar que aún alrededor a dos terceras partes de la población con discapacidad tienen estudios secundarios de primera etapa o inferiores, por lo que en comparación con las personas sin discapacidad queda mucho camino por recorrer para lograr una equiparación total.

Según la "Encuesta de Integración Social y Salud 2012", un 42,8% de las personas con discapacidad declara tener alguna restricción en las actividades formativas. Por ejemplo, entre las principales barreras para el acceso a actividades formativas se encuentra el padecimiento de una enfermedad o problema de salud crónicos, motivo declarado por el 18,9% de las personas con discapacidad encuestadas. A su vez, el 18,7% de las personas con discapacidad alega razones económicas como impedimento para acceder a actividades formativas. Igualmente, otras barreras destacadas son tener limitaciones en actividades básicas (13,9%) y la falta de conocimiento o información (13,7%) (gráfico 04. Anexo).

Es necesario destacar, asimismo, que es en la etapa de educación secundaria donde se dan principalmente los problemas para lograr una educación inclusiva. Estos problemas se encuentran relacionados fundamentalmente con la interacción social y las actitudes de los compañeros del aula y de los docentes, a la vez que se manifiesta la necesidad de incrementar el apoyo psicológico y de incluir contenidos más prácticos en el currículo.

Para acceder a un empleo público, el nivel formativo mínimo que se exige es la Educación Básica Obligatoria. Es precisamente en la educación secundaria donde se detectan los principales problemas para alcanzar la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, por lo que se ven afectadas negativamente las oportunidades de partida de las personas con discapacidad para llegar a postularse para un empleo público.

Según la "Estadística de las Enseñanzas no universitarias" de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 2012-2013 al 2,1% del alumnado en España en las etapas educativas no universitarias se le considera con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y/o trastornos graves, que en términos absolutos supone unos 167.903 estudiantes. De éstos, tan solo 1.821 han realizado el Bachillerato y 421 Formación Profesional de Grado Superior, que son los estudios que potencialmente dan acceso a los estudios universitarios (tabla 01. Anexo).

Según el informe del Ministerio de Educación "Las políticas sobre discapacidad en el sistema universitario español", publicado en 2011, el número total de estudiantes universitarios con discapacidad durante el curso 2010/2011 fue de 16.279, mientras que el total del alumnado universitario ese mismo curso ascendió a 1.425.018 estudiantes. Esto supone que el porcentaje de estudiantes con discapacidad ese curso era de tan solo un 1,14%, un porcentaje ínfimo en comparación con el 16,7% de la "Encuesta de Integración Social y Salud 2012" que supone el colectivo de personas con discapacidad en el conjunto de la sociedad española.

Entre las medidas existentes para favorecer el acceso a la universidad de las personas con discapacidad podemos encontrar servicios de apoyo para estudiantes con discapacidad; ayudas y becas; programas de tutorización; programas de deporte adaptado; ayudas al transporte; programas de inserción laboral; prioridad de matrícula; exención de precios públicos; información y orientación pre-universitaria; adaptación de los entornos físicos del campus y de los edificios para permitir la accesibilidad, o colaboración con organizaciones sociales del sector de la discapacidad. Cabe destacar la elaboración y publicación en 2007 del "Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad", en colaboración con el CERMI y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Igualmente interesante resulta la creación por parte del Ministerio de Educación del "Foro para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad" mediante la Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre. Este Foro constituye un espacio de encuentro, debate, propuesta, impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del alumnado con discapacidad en todas las enseñanzas que ofrece el sistema educativo.

Según el estudio de la OCDE del año 2011 "Inclusion of students with disabilities in tertiary education and employment" (La inclusión de los estudiantes con discapacidad en la educación superior y el empleo), las políticas recomendables para apoyar la transición de las personas con discapacidad a la vida adulta y a la vida laboral son aquellas que:

  • Proporcionan a las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, los mismos conocimientos y habilidades que a las demás personas
  • Proporcionan, sobre la misma base que a las personas sin discapacidad, títulos reconocidos por las instituciones de educación superior y el mercado laboral.
  • Evitan que las personas con discapacidad tengan más dificultades que el resto de la población a la hora de acceder al empleo, a la educación o a la formación.
  • Ofrecen las mismas posibilidades de acceso a la misma calidad de empleo que a las personas sin discapacidad.
  • Aportan igualdad de oportunidades en cuanto a la duración y a la calidad de la transición a la vida adulta y a la vida laboral.

La inclusión educativa no consiste exclusivamente en fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación mediante su escolarización, sino también en fomentar la igualdad de oportunidades en la permanencia y en la promoción exitosa del alumnado, independientemente de cuáles sean sus capacidades o sus necesidades educativas. Las políticas educativas que apuestan por un modelo educativo inclusivo y por la función compensatoria de la educación resultan imprescindibles para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Estas políticas educativas son positivas tanto para la mejora del desarrollo educativo de las personas con discapacidad como de las personas sin discapacidad, ya que, como afirmó Jacques Delors, expresidente de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO, "las opciones educativas son opciones de sociedad", y una escuela inclusiva propiciará una sociedad más inclusiva y más justa.

Una educación inclusiva no solo hace posible, por ejemplo, que una persona con discapacidad visual pueda llegar a estudiar para presentarse a unas oposiciones a juez, sino que los miembros de su tribunal (sin discapacidad visual) tengan también la capacidad de comprender que efectivamente una discapacidad visual no es ningún impedimento para que esta persona llegue a superar la oposición. Esa sería la auténtica inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad: el reconocimiento de la diferencia de capacidades entre todas las personas como un hecho de la pluralidad social en lugar de como un hándicap. Este cambio de mentalidad es el que hace falta generalizar en el conjunto de la Administración pública española.

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