Libro blanco Empleo Público para personas con discapacidad
Capítulos del libro blanco
Otras normas sectoriales
Son muchos los ámbitos abordados en la legislación sectorial que afectan a la situación y los derechos de las personas con discapacidad.
Hay que tener en cuenta que uno de los principios fundamentales del Derecho internacional, europeo y nacional sobre la discapacidad es el de la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, que exige que en todos los ámbitos de actuación pública se tengan en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
Así ocurre con la regulación de los diferentes servicios que las Administraciones públicas prestan a las personas con discapacidad, entre los que se destacan, por su importancia para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, la accesibilidad, cuyo marco legal está configurado principalmente por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y que se proyecta en los siguientes ámbitos de actuación: los espacios públicos urbanizados, la edificación y las infraestructuras, los transportes, los bienes y servicios al público, las telecomunicaciones, la sociedad de la información y las relaciones con las Administraciones públicas. Con relación al régimen sancionador, cabe destacar la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad..
Otros ámbitos relevantes son los relativos al acceso a los servicios sanitarios, a la educación de las personas con discapacidad, al deporte inclusivo o a la protección específica de los niños y de las mujeres con discapacidad.
Además de los anteriores aspectos sectoriales, en el presente Libro Blanco se analiza la regulación del acceso al empleo público de las personas con discapacidad; la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y del tercer sector y la consideración de la discapacidad en la legislación sobre contratos del sector público y en los diversos momentos del procedimiento de contratación administrativa.